La rebaja de la jornada laboral a 37,5 horas semanales sin reducción salarial, una de las promesas estrella del Gobierno de coalición, se encuentra en una fase crítica. Aunque el Consejo de Ministros aprobó el proyecto el pasado 6 de mayo, la tramitación parlamentaria está empantanada y, a día de hoy, no se puede descartar que la reforma no llegue a buen puerto. Esta semana será clave para conocer cuál puede ser su rumbo.
El Congreso de los Diputados ha prorrogado en tres ocasiones el plazo para presentar enmiendas. La última ampliación, aprobada el pasado 4 de junio, sitúa el nuevo límite el próximo miércoles 11 de junio. Hasta ahora, ningún grupo ha registrado propuestas de modificación, ni siquiera los socios habituales del Ejecutivo. La inacción refleja el bloqueo político que rodea la medida, cuyo futuro depende, en gran parte, de los equilibrios parlamentarios.
Junts, la llave del 'no'
La formación de Carles Puigdemont, Junts per Catalunya, ha advertido que presentará una enmienda a la totalidad al texto legislativo. Si se suma al voto en contra ya anunciado por PP y Vox, la reforma podría ser tumbada antes incluso de debatirse en el Pleno. Los siete votos de Junts son clave: sin ellos, el bloque progresista no alcanza la mayoría absoluta.
Las patronales han presionado intensamente contra la reducción de jornada, y Junts ha mostrado sensibilidad hacia sus demandas. El partido catalán ha mantenido en Bruselas contactos discretos con el PSOE, pero sin frutos hasta ahora.
Calendario en la cuerda floja
El proyecto se tramita por vía de urgencia, lo que acorta los plazos a la mitad. Sin embargo, las continuas prórrogas para presentar enmiendas están dinamitando ese calendario. Si no hay un acuerdo de última hora antes del 11 de junio, es posible que la reforma quede aplazada sine die.
La previsión del Gobierno era que la nueva jornada laboral entrase en vigor el 1 de enero de 2026, tras un año de adaptación negociada en los convenios colectivos. Pero sin ley, ese horizonte legal se desvanece. En el mejor de los casos, el texto podría aprobarse en comisión y votarse en el Pleno antes del receso parlamentario de verano. En el peor, la medida podría quedar enterrada en la maraña legislativa.
Sumar se moviliza
Ante el riesgo de descarrilamiento, Sumar ha lanzado una campaña de movilización ciudadana los días 14 y 15 de junio en más de 70 localidades. El objetivo: trasladar presión al Parlamento y visibilizar el respaldo social a una propuesta que cuenta con amplio apoyo sindical.
Además, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado que el Gobierno está dispuesto a endurecer por decreto el registro horario digital en las empresas, aunque la reducción de jornada no se apruebe finalmente. Sería una victoria parcial que dejaría fuera el núcleo de la reforma, pero permitiría avanzar en transparencia y control del tiempo de trabajo.
