La propuesta en materia de vivienda anunciada por el Gobierno de Pedro Sánchez tras la Conferencia de Presidentes ha fracasado y solo cinco comunidades han apoyado la propuesta: País Vasco, Cataluña, Navarra, Asturias y Canarias. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha explicado que con estos cinco territorios comenzará a trabajarse "de manera bilateral" a partir del próximo lunes.
"La urgencia es tal que no tenemos un minuto que perder. Ante la emergencia acción, ante la emergencia determinación" ha indicado la titular de la cartera de Vivienda. "Tenemos claro que es nuestra prioridad política, (...) nos ponemos a trabajar con todos los recursos a nuestra disposición".
Rodríguez ha defendido las medidas propuestas por el Gobierno, porque son "fácilmente asumibles" y ha denunciado que "falta voluntad política, convicción, lealtad institucional y recursos económicos". Ha asegurado que las cinco comunidades que han aceptado la propuesta lo han hecho "inequívocamente".
En qué consiste el plan de vivienda anunciado por el Gobierno
Se trata de un acuerdo estatal por la vivienda, "un nuevo Acuerdo por la Vivienda que plasma la política de vivienda integral y pública del Gobierno, que cambia el paradigma, para que la vivienda sea considerada un bien social, además de un derecho" ha manifestado Rodríguez.
Este acuerdo está basado en más financiación y blindar de forma indefinida la protección pública. Para ello, según Moncloa, el objetivo es que "se triplique la inversión pública en este ámbito". El objetivo es pasar de 2.300 millones entre 2022-2025 a 7.000 millones para los próximos cinco años. El Gobierno se ha comprometido a financiar el 60% de esa cantidad, mientras que las comunidades aportarán el 40% restante.
Por eso, la ministra ha atacado a las comunidades del PP y a Castilla-La Mancha y les ha recriminado su actitud, al no apoyar este acuerdo: "No hace falta reglamento ni estatutos para decir sí a más presupuesto para vivienda, sí a protegerla para siempre, y a más transparencia".
La otra medida, blindar de forma indefinida la protección pública de la vivienda, el Ejecutivo ha comentado que se haría con fondos estatales y que se crearía una base de datos pública que permita a la ciudadanía y a las Administraciones conocer los precios reales de compra-venta y de alquiler.
El precio de la vivienda sube un 12,4% en el primer trimestre
El rechazo a este acuerdo se produce tras conocerse que el precio de la vivienda ha subido un 12,2% en el primer trimestre de 2025, su mayor subida desde el primer trimestre de 2007 cuando ascendió hasta el 13,1% según el Índice de Precios de Vivienda (IPV) del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Con esta subida, el precio de la vivienda acumula 44 trimestres consecutivos de subidas. No solo el precio de vivienda nueva se ha encarecido, también el de vivienda usada (12,3%).
Por comunidades, donde más han subido son en Andalucía y la ciudad autónoma de Melilla (14% ambas), seguidas de Murcia (13,3%), Aragón y La Rioja (13,2% cada una).
Sin acuerdos en otras materias
En materia de inmigración no solo no ha habido acuerdos, sino que las propuestas han sido contradictorias. El Partido Popular ha dejado claro que el control de fronteras y la política migratoria tienen que ser "competencia exclusiva del Estado", mientras que Canarias y Euskadi han propuesto un "gran pacto" como solución.
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres ha lamentado que el planteamiento del PP no diga "ni una sola frase" sobre la situación de los menores no acompañados. "Han presentado una propuesta de control de fronteras, en la que hablan de que no se puede delegar absolutamente nada en el campo migratorio. No hay ni una sola frase, ni una coma, nada, ni una vocal que hable de los menores no acompañados".
El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha denunciado la "soledad" que sufre el archipiélago para gestionar esta "crisis humanitaria", aunque ha agradecido el apoyo de Cataluña y el País Vasco. Además, ha anunciado que la semana que viene se reunirá con los ministros del Interior, Política Territorial y Migraciones, Fernando Grande-Marlaska, Ángel Víctor Torres y Elma Saiz, respectivamente, para "intentar coordinar" mejor la distribución.
