Por primera vez, el Gobierno de Aragón y las tres diputaciones han firmado un convenio para impulsar políticas coordinadas contra la despoblación. En los próximos cuatro años, el Gobierno de Aragón aportará 32 millones, y las diputaciones, otros 32, de forma proporcional a la población atendida.
Ese dinero se ofrecerá a los ayuntamientos, a partir de septiembre, a través de convocatorias de subvenciones en cinco ejes: accesibilidad a los servicios bancarios, conectividad, salud, economía rural y educación. Una comisión de seguimiento se encargará una vez al año – en septiembre – de evaluar y coordinar el trabajo.
Las ayudas se centrarán en garantizar servicios básicos para asentar y captar población.Conexión a internet para poder teletrabajar por ejemplo, formación sobre servicios bancarios online para mayores, el fomento de establecimientos multiservicios, o la mejora de consultorios y casas de infancia para favorecer la conciliación.
El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, cree que se abre una nueva etapa para luchar contra la pérdida de población. El convenio firmado hoy, del que no hay precedentes en España, parte de un acuerdo previo alcanzado en septiembre y da respuesta a un mandato del Estatuto sobre la corrección de desequilibrios territoriales. No sólo incluye ideas u objetivos. Es reflejo de una filosofía de Gobierno en la que la “unión y trabajo conjunto no suma sino multiplica” resultados.
Las medidas de este acuerdo complementarán todos los proyectos que desarrollan individualmente las diputaciones o el Gobierno de Aragón para mejorar infraestructuras, construir vivienda o mejorar la asistencia sanitaria en el medio rural aragonés.
La visión de las diputaciones
Este convenio contra la despoblación deja de lado el color político para unir instituciones gobernadas tanto por el PSOE como por el PP. El presidente de la DPH, Isaac Claver, cree hoy es un “día histórico porque pasamos de las palabras, estudios y análisis a los hechos. Este convenio nos hace más fuertes”.
Su homólogo en Teruel, Joaquín Juste, ha valorado que la tendencia del problema ha cambiado. “Creo que los jóvenes prefieren quedarse en los municipios y desarrollar una vida allí”. Ahora, falta que las administraciones trabajen para que lo puedan hacer en igualdad de oportunidades, respecto a las ciudades.
El presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero, reconoce que ve “irreversible” la tendencia de pérdida de población el medio rural, pero a la vez, asegura que las diputaciones trabajan “para que vivir en los pueblos no sea sinónimo de desidia, abandono o malestar”.
