La Fiscalía Provincial de Valencia ha respaldado a la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Catarroja, encargada de la causa penal sobre la DANA, en su posición de atribuir en exclusiva al Gobierno valenciano la gestión de la emergencia generada por las inundaciones del pasado 29 de octubre.
En un escrito al que ha tenido acceso EFE, el Ministerio Público responde a unas diligencias de investigación que solicitó Liberum para esclarecer si el presidente del Gobierno convocó o no el Consejo de Seguridad Nacional.
El fiscal expone que no fue declarada la situación de emergencia de interés nacional y por ello "debe ponerse de manifiesto la normativa reguladora de la competencia para adoptar medidas que hubieren podido evitar o atenuar los fallecimientos o lesiones de personas y, por ende, determinar la posible relación de causalidad entre las referidas decisiones y el resultado descrito".
En consonancia con lo reiterado por la jueza en varios autos, expone la literalidad de lo que recoge el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, la Ley de Protección Civil y Emergencias de la Generalitat y el plan especial por riesgo de inundaciones.
Así, cita algunos párrafos de estas normativas, entre los cuales se recoge que el Consell "es el órgano superior de dirección y coordinación de la protección civil en la Comunitat Valenciana en el ámbito de sus competencias".
También apunta que el representante de la Generalitat Valenciana en el Cecopi "actuará en calidad de director del plan siempre y cuando no se declare el interés nacional, en cuyo caso pondrá a disposición del representante de la Administración General del Estado en el Cecopi la dirección del plan y los recursos adscritos al mismo".
